En Colombia, mucho se ha discutido el futuro de una sociedad que, durante más de 50 años, ha llevado implícito las huellas del conflicto armado. Recientemente, por fin se materializó el deseo de un país, la suscripción del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que pretende hacer remembranza de la paz que un día se anheló.

Es un proceso que, además de requerir la voluntad política del Gobierno Nacional, implica ajustar las disposiciones de la Constitución Política de 1991 a las nacientes necesidades de un país, a partir de la implementación de los instrumentos de justicia transicional creados mediante Acto Legislativo No. 01 de 2012, con el objeto de facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de verdad, justicia, reparación, no repetición y seguridad para el conglomerado social, en especial, para las víctimas de ese flagelo.

Para garantizar su cumplimiento, el Acto Legislativo No. 01 de 2012, acto que ya fue objeto de control constitucional, introdujo los artículos transitorios 66 y 67 a la Constitución Política, respecto de los cuales no es posible predicar un término de vigencia por la falta de certeza en la ejecución de la transición política. Esto, en ningún caso implicará la afectación de los principios estructurales e integradores de la Carta Magna, ni la alteración del orden político y menos, la impunidad frente a crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.

Entre los instrumentos de justicia transicional creados, se encuentran (BERNAL, Pulido Carlos y otros. Justicia Transicional: retos teóricos. Colección Ejército, Institucionalidad y Sociedad. Volumen 1. Universidad Externado de Colombia. Abril 2016):

  1. Mecanismos de responsabilidad: Autorizados por la ley para que los autores de violaciones ejecuten actos de verdad y nada más que verdad, frente a las conductas criminales en las que incurrieron.

1.1. Judiciales:

  • Nacionales: Juez nacional.
  • Internacionales: Juez internacional.
  • Mixtos: Composición nacional e internacional.
  • Ordinarios: Juez natural nacional o internacional. Ej. Corte Penal Internacional.
  • Ad-Hoc: Juez especial nacional o internacional. Ej. Penales Internacionales creados para juzgar violaciones de derechos humanos perpetradas en la antigua Yugoslavia y Ruanda.

1.2. Extrajudiciales: Tiene por objeto el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. Para tal efecto, la ley debe crear:

  • Comisiones de verdad: Instituciones estatales, de carácter temporal, para investigar violaciones de derechos humanos cometidos a gran escala.
  • Purgas: Consisten en la remoción de sus cargos de ciertos funcionarios públicos y agentes del Estado.
  • Depuraciones: Restricción del acceso a cargos y funciones públicas por parte de funcionarios del antiguo régimen o actores del conflicto.
  • Peticiones de perdón: Reconocimiento de la verdad por los autores de crímenes.
  1. Mecanismos de transición política: Se permite su implementación para generar condiciones óptimas que conlleven a una paz perenne, cuyo fundamento sea el cumplimiento de los preceptos constitucionales.
  • Amnistías
  • Programas de restitución de tierras
  • Programas indemnizatorios y reparación de víctimas
  • Rehabilitación prisioneros políticos
  • Reinserción de antiguos combatientes.

Lo anteriormente expuesto, no es nada diferente a la voluntad política del Gobierno Nacional y un grupo de rebeldes de transformar la situación política-social de una sociedad, que durante años fue sometida a una sucesión de hechos violentos. Hoy, finalmente y luego de los resultados desfavorables del 02 de octubre de 2016 cuando se pretendió refrendar el Acuerdo de Paz con la voluntad popular, el Gobierno Nacional, a través de sus delegados, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), concretan el nuevo Acuerdo Final para la terminación del conflicto, el cual esperamos no sea objeto de juicios descalificadores por parte de la oposición.

María del Pilar Osorio Sánchez

Abogada Departamento Derecho Público