Establece el art\u00edculo 3 de la Ley 80 de 1993 que la contrataci\u00f3n estatal tiene como fin \u00faltimo “la continua y eficiente prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecuci\u00f3n de dichos fines”, concomitante con lo anterior, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia establece en su art\u00edculo 334 que “La direcci\u00f3n de la econom\u00eda estar\u00e1 a cargo del Estado” y en su art\u00edculo 365 que “Los servicios p\u00fablicos son inherentes a la finalidad social del estado. Es deber del estado asegurar su prestaci\u00f3n eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”.<\/p>\n\n\n\n
De conformidad con lo anterior tenemos que es justo el Estado quien debe velar por la libre competencia a efectos de garantizar una adecuada y eficiente prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos a los habitantes del territorio nacional, lo cual supone tomar no s\u00f3lo las medicas pertinentes para garantizar una objetiva adjudicaci\u00f3n de los contratos estatales, sino dirigir la pol\u00edtica para garantizar que los agentes del mercado puedan competir en condiciones aterrizadas a la realidad y, en los casos de advertirse conductas, por parte de los actores del mercado, tendientes a restringir la libre competencia, iniciar los procesos administrativos sancionatorios orientados a sancionar dichas conductas.<\/p>\n\n\n\n
En nuestro pa\u00eds, es la Superintendencia de Industria y Comercio el ente encargado de investigar y sancionar las conductas que puedan constituir una restricci\u00f3n a la libre competencia, misma que se puede dar tanto en el sector privado como en el sector p\u00fablico, esto es, dentro del marco de un proceso de contrataci\u00f3n estatal.<\/p>\n\n\n\n
Lastimosamente ante la proliferaci\u00f3n de la corrupci\u00f3n en nuestro pa\u00eds, el pan de cada d\u00eda es un esc\u00e1ndalo de esta \u00edndole, mismo que lleva consigo no s\u00f3lo la comprobaci\u00f3n de conductas restrictivas de la competencia sino en muchos casos se advierte la posible comisi\u00f3n de delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, siendo muy com\u00fan la colusi\u00f3n, el cual constituye una pr\u00e1ctica contra la libre competencia en tanto a trav\u00e9s acuerdos entre proponentes pactan no competir para distribuirse adjudicaciones de contratos, entre muchas otras pr\u00e1cticas que atentan contra la libre competencia.<\/p>\n\n\n\n
En relaci\u00f3n con la competencia asignada a la Superintendencia de Industria y Comercio, dicha entidad cuenta con facultades para investigar y sancionar, tanto a los proponentes como a sus administradores en caso de comprobar que \u00e9stos incurrieron en practicas restrictivas de la competencia, siendo tarea de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, realizar la respectiva investigaci\u00f3n a efectos de determinar la comisi\u00f3n de delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica y procurar su sanci\u00f3n penal.<\/p>\n\n\n\n
Es una l\u00e1stima que en nuestro pa\u00eds con tantas necesidades por satisfacerse, parte de los recursos p\u00fablicos destinados a tal satisfacci\u00f3n queden en manos de particulares inescrupulosos, por lo que personalmente considero de gran importancia el trabajo realizado por la Delegatura de Pr\u00e1cticas Restrictivas de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelantar estas investigaciones y sancionar a los oferentes corruptos, deber\u00eda el estado proveer de mayores recursos a dicha entidad para que su labor se extendiera a la investigaci\u00f3n de muchos m\u00e1s casos, pero desafortunadamente con recursos limitados muchas de estas conductas quedan sin ser sancionadas, todo esto en perjuicio, \u00fanicamente, de los habitantes del territorio nacional, especialmente los menos favorecidos, vi\u00e9ndose a\u00fan m\u00e1s et\u00e9reo nuestro ideal estado social de derecho.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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