El Empleador como responsable directo de implementar el Protocolo de Bioseguridad para evitar que su lugar de trabajo sea un foco de peligro, ostenta la posici\u00f3n de garante frente a sus trabajadores, por los riesgos laborales que emanan del desempe\u00f1o de las funciones, sin importar si este se encuentra enmarcado en un contrato de trabajo o prestaci\u00f3n de servicios.<\/p>\n\n\n\n
El deber de garante sobre el empleador, se legitima en principio por las disposiciones consagradas en los art\u00edculos 26 y 333 de nuestra carta pol\u00edtica, en cuanto la libertad de profesi\u00f3n u oficio, libertad econ\u00f3mica y de empresa. Pero dichos principios obedecen a la filiaci\u00f3n de obligaciones y responsabilidades impuestas por el Estado al momento de desempe\u00f1ar su actividad, con el fin de evitar perjuicios ante terceros.<\/p>\n\n\n\n
Toda actividad econ\u00f3mica conlleva a un riesgo, y ante la garant\u00eda de los principios y normas citadas en l\u00edneas anteriores, el Estado permite el riesgo, siempre que este no supere el lumbral determinado por la ley.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed mismo, la normativa existente sobre Riesgos Laborales y las dispuestas por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social para mitigar los impactos del COVID-19, delegan al Empleador el deber objetivo del cuidado sobre los trabajadores, mediante acciones encaminadas a garantizar condiciones de seguridad laboral, la vigilancia y control del trabajador respecto al cumplimiento de las medidas de seguridad y el deber de afiliaci\u00f3n y pago del sistema de seguridad social integral.<\/p>\n\n\n\n
El riesgo permitido por el Estado, frente a las diferentes actividades econ\u00f3micas se ha caracterizado por ser clasificado t\u00e9cnicamente y por haber sido evaluado previamente, para luego minimizarlo, manejarlo y asegurarlo, delimitando de esta forma, la frontera de exposici\u00f3n al riesgo de los trabajadores.<\/p>\n\n\n\n
Respecto al riesgo generado por el Covid-19, se entiende que est\u00e9 es un riesgo extra\u00f1o e imprevisto, que a\u00fan no es posible clasificar o regular, pero ante la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria, Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica, el Gobierno Nacional decide adopta medidas como las dispuestas en el Decreto 593 del 2020, donde except\u00faa algunas actividades econ\u00f3micas del aislamiento preventivo obligatorio, permitiendo de esta forma, el riesgo laboral por contagio del covid-19, apoy\u00e1ndose adem\u00e1s en el Decreto 539 del 2020 y la Resoluci\u00f3n 000666 del 2020, dispuesta por el Ministerio de Salud y protecci\u00f3n Social.<\/p>\n\n\n\n
Frente al Riesgo Laboral permitido, sin un m\u00e9todo seguro de prevenci\u00f3n que garantice la seguridad laboral de los trabajadores, la responsabilidad recae inicialmente al Estado, por cuanto el desconocimiento del riesgo obliga al mismo a no permitirlo, como inicialmente se evidencio con el aislamiento obligatorio. Por ende, crear un protocolo que se dise\u00f1a sobre la marcha con medidas b\u00e1sicas que van cambiando con la probabilidad razonable del contagio, hacen de este un riesgo eminentemente permitido pero insustentable.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte la responsabilidad del Empleador ante el riesgo laboral permitido nace en principio, por el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Riesgos Laborales y el Protocolo de Bioseguridad, pasando a una medida de salvamento, del bien jur\u00eddico protegido como el de la salud, ante la evidencia de contagio en sus trabajadores, desarrollando las actividades habilitadas en el decreto 593, optando nuevamente por el cese de labores, hasta tanto no exista un m\u00e9todo de seguridad frente al Covid-19.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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