\u00bfEl art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso es efectivo y cumple con el prop\u00f3sito de celeridad de los procesos o es solo una norma con efectos nugatorios?; Respecto de su alcance: \u00bfprevalece la interpretaci\u00f3n subjetiva de la Corte Constitucional o la objetiva de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia?<\/p>\n\n\n\n
El debate se reabre, ya que, nuevamente el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso se encuentra bajo la lupa de la Corte Constitucional, pero ahora en sede de control de constitucionalidad.<\/p>\n\n\n\n
La norma en referencia establece que la duraci\u00f3n del proceso, salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n, no puede superar el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de un a\u00f1o en primera instancia, y seis meses en segunda instancia. Es decir, los jueces -tanto de primera como de segunda instancia- tienen la obligaci\u00f3n de observar el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, para resolver los procesos a su cargo, so pena de perder competencia para conocer de los mismos.<\/p>\n\n\n\n
Lo anterior parece irrealizable, m\u00e1xime en un pa\u00eds que presenta altos niveles de congesti\u00f3n judicial. No obstante, la Corte Constitucional previamente, en sentencia T \u2013 341 del 2018, precis\u00f3 directrices sobre la interpretaci\u00f3n del c\u00f3mputo del t\u00e9rmino que contempla el art\u00edculo en cuesti\u00f3n, y aclar\u00f3 que su aplicaci\u00f3n no opera de manera autom\u00e1tica, sino que exige unos requisitos; a saber:<\/p>\n\n\n\n
Que se alegue antes de proferir sentencia.<\/p>\n\n\n\n
Que el incumplimiento no se encuentre justificado por causa legal.<\/p>\n\n\n\n
Que en la conducta de las partes no se evidencie \u00e1nimo de dilatar el proceso.<\/p>\n\n\n\n
Que la sentencia no se haya proferido en un plazo razonable. Es decir, para el juez constitucional, no cualquier incumplimiento del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n da lugar a declarar la nulidad o invocar la p\u00e9rdida de competencia del juez.<\/p>\n\n\n\n
En contraste, la Corte Suprema de Justicia en su Sala Civil, en sentencia STC8849-2018 se sostiene en el imperativo de lo dispuesto en el 121 referido y aduce la obligaci\u00f3n de los jueces de fallar en el t\u00e9rmino fijado. De modo que, bajo la interpretaci\u00f3n de la Sala, el plazo para dictar sentencia corre de forma objetiva, y no da lugar a observar especificidades m\u00e1s que la interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n por causa legal.<\/p>\n\n\n\n
El escenario descrito evidencia una tensi\u00f3n entre dos posturas al extremo distintas. Sin embargo, conocido el criterio de la Corte Constitucional sobre el particular -aunque en sede de tutela-, se puede anticipar que probablemente ratificar\u00e1 la vigencia del art\u00edculo 121 declarando su exequibilidad, toda vez que en su entendido no desconoce los postulados constitucionales ni la congesti\u00f3n judicial la hace inoperante, ya que bajo la interpretaci\u00f3n de la sentencia T\u2013341 del 2018, para el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino es necesario observar una serie de particularidades en el curso del proceso para procurar por la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimiento.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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